miércoles, 9 de diciembre de 2009

VEINTE FAMILIAS AL BORDE DEL DESAHUCIO

Carina tiene un sueldo mileurista, dos hijos estudiantes de 19 y 20 años y un nieto en camino para el que también habrá que comprar pañales y chupetes con la única fuente de ingresos familiar. Los malabares económicos ya eran difíciles así, pero ahora amenaza un nuevo elemento: una orden de desahucio de su casa de renta protegida, por la que paga 330 euros al mes.

"Si nos echan a la calle no sé qué vamos a hacer. Es que no puedo afrontar el coste de una mudanza ni a la calle de al lado, por no hablar de que alquilar un piso de dos habitaciones cuesta de 700 euros para arriba...", relata una voz tan angustiada como pesimista.

La situación de Carina y los suyos es similar a la de una veintena de vecinos de Torrelodones. Todos resultaron adjudicatarios de viviendas de protección oficial municipales en régimen de alquiler, en principio durante un plazo de cinco años.

El abogado de los afectados, Alfredo Malibrán, explica que cuando se extinguió ese acuerdo en 2007 el Ayuntamiento comunicó a los inquilinos por carta que debían marcharse de las casas. Pero diversos empleados les han manifestado en conversaciones informales la intención de resolver su problema con una opción a compra asequible de los inmuebles.

"Este propósito queda avalado por el hecho de que Sumtosa [la Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones, gestora de los pisos] ha seguido percibiendo durante este tiempo las cantidades de los alquileres y porque no ha sacado nuevas bases para la adjudicación de los contratos", argumenta Juan Ramón Díez, otro de los afectados.

Su caso también es desesperado. Es un pedagogo en paro sin derecho a subsidio de desempleo con un hijo de dos años y otro a punto de llegar a su casa, por la que pagan 330 euros de los 1.060 mensuales que cobra la mujer, profesora en un colegio privado. De momento ya se han celebrado dos juicios. Uno podría anularse por indefensión del acusado, que conoció a su abogado de oficio en la puerta el día de la vista, y otro está a la espera de sentencia. El contenido de la misma permitirá a los que van detrás desprenderse de la preocupación que los atosiga desde hace días o, en el peor de los casos, todo lo contrario.

LOS CONTRATOS, PRORROGADOS

Malibrán confía en que las noticias serán halagüeñas ya que considera que, como los inquilinos han seguido abonando las rentas, se puede considerar que los contratos se han prorrogado tácitamente, bien por un periodo anual o por otros cinco años, que es lo que, dice, está por determinar.

En el Ayuntamiento de Torrelodones justifican los procesos de desalojo porque los contratos vencieron hace más de dos años. "Estas casas tenían una fecha de caducidad para sus inquilinos y además hay otra gente necesitada esperando para ocuparlas", apunta un portavoz municipal.
Entonces, ¿por qué no se ha convocado un concurso para seleccionar a los nuevos adjudicatarios? La respuesta del Ayuntamiento: "Si lo hubiéramos convocado en 2007 ahora tendríamos dos problemas, el de los que no se quieren ir y el de los que no pueden entrar".

Los afectados tienen previsto concentrarse hoy frente a la sede del Gobierno regional, en Sol, para dar a conocer su situación desesperada.

ESTRASBURGO CONDENA A ESPAÑA A PAGAR UNA MULTA A UNA MUJER DE ETNIA GITANA A QUIEN SE NEGO LA PENSION DE VIUDEDAD

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hoy a España a abonar 75.412,56 euros a María Luisa Muñoz Díaz, la mujer de etnia gitana que reclama una pensión de viudedad desde que murió su marido, en el año 2000.

La demandante, apodada "La Nena", se casó por el rito gitano en 1971 y sus seis hijos aparecían en la cartilla de la Seguridad Social, el Libro de Familia y en el reconocimiento de familia numerosa.

En 2000, falleció su esposo, que había cotizado durante 19 años y un año después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó su solicitud de pensión de viudedad por no estar casada por lo civil.

Estrasburgo ve "desproporcionado" que el estado español entregue a la demandante y a su familia un libro de Familia con el estatus de numerosa, le ofrezca asistencia sanitaria y reciba de su marido las cotizaciones a la Seguridad Social y que, al tiempo, no reconozca los efectos del matrimonio gitano en materia de pensión de viudedad.

Para el Tribunal con sede en la capital alsaciana, aceptar la tesis del Gobierno de que la demandante se podía haber casado por lo civil "para escapar a la discriminación", vaciaría de contenido el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, el principio de no discriminación.

Según la sentencia de Estrasburgo, la negativa del Estado a pagar la pensión "no ha tenido en cuenta las especificidades sociales y culturales de la demandante para apreciar su buena fe" y recuerda que el Convenio marco para la protección de las minoría nacionales obliga a los estados parte a tener en cuenta la situación de estos colectivos.

El Juzgado de lo Social número 12 de Madrid ya había dado la razón a la demandante porque el no reconocimiento civil de su matrimonio "representó un trato discriminatorio en razón de la pertenencia étnica", pero en 2001 el Tribunal Superior de Madrid refrendó la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El Tribunal Constitucional, por su parte, rechazó una demanda de amparo de Muñoz en abril de 2007.

Ese mismo mes, Muñoz presentó su demanda al Tribunal Europeo de DDHH, donde invocó el artículo 14 (Prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, combinado con el artículo 1 del Protocolo nº 1 (Protección de la propiedad) y el artículo 12 (Derecho a contraer matrimonio).

La sentencia declara no admisible la referencia al artículo 12, pero sí admite y concluye a la violación por 6 votos contra 1 del artículo 14 combinado con el artículo 1 del Protocolo nº 1 del citado Convenio.

De los 75.412,56 euros que el Estado habrá de abonar a "La Nena", 70.000 corresponden a los perjuicios sufridos. Ella pedía 53.319,88 euros por daños materiales y 30.479,54 por el perjuicio moral.

El Tribunal celebró el pasado mes de mayo una vista pública sobre la demanda, que contó con la presencia de "la Nena". Su defensa reveló que la demandante había empezado a recibir meses atrás una pensión, según la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, en tanto que pareja de hecho.

Al tiempo, aseguraron que la demandante "nunca pretendió ser una pareja de hecho" y "siempre se consideró casada".

LA NUEVA LEY SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA OBLIGA A MÉDICOS A ESTUDIAR EL ABORTO

Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto.

Así lo aseguraron este miércoles en rueda de prensa en el Congreso los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardà (ERC). Estos grupos también han acordado que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero.

La objeción deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos. Según explicaron, ambos grupos también han acordado que los conceptivos de última generación estén financiados en su totalidad o en parte por la sanidad pública.

Otros de los acuerdos entre estas formaciones es eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22, de modo que será suficiente con el informe de un especialista.

En cuanto a asunto del aborto en las menores, ERC-IU-ICV asegura que no se opone a que se informe a los padres, pero precisa que se debe preservar en todo momento que "la decisión es de la mujer, tenga 16 o 25 años".

COMIENZA LA CUENTA ATRAS DECISIVA SOBRE LOS CORTES ADMINISTRATIVOS EN INTERNET

Si los plazos previstos por el Gobierno se cumplen, este mismo miércoles deberían estar ya listas las conclusiones que la comisión interministerial --compuesta por ocho organismos, entre otros Industria y Cultura-- ha ido elaborando a lo largo de un mes y medio para tomar medidas contra la piratería en Internet.

La Comisión Interministerial fue creada el pasado 9 de octubre, tras un acuerdo del Consejo de Ministros. En su primera reunión constitutiva, a finales de ese mismo mes, se aprobó un programa de trabajo, cuyas primeras conclusiones serían remitidas a los Ministerios antes del próximo 10 de diciembre.

Los distintos implicados en el proceso, como la Coalición de Creadores o las operadoras de telecomunicaciones agrupadas en Redtel, también han hecho llegar sus posturas a esta comisión. En este apartado, destaca la lista de 200 webs 'ilegales' que dio a conocer la coalición el pasado mes de octubre y que hizo llegar a Industria para "tomar las medidas oportunas", según explicó el presidente de la asociación, Aldo Ocese.

Por su parte, diversos 'blogueros' expusieron la semana pasada a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, su postura ante la posibilidad recogida en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible de incluir cortes administrativos a las webs que alojen contenidos ilegales.

La reunión terminó sin acuerdo y con la sensación de los internautas de "no haber sido escuchados", lo que provocó diversas críticas en la Red y una protesta organizada en varios puntos de España --en el caso de Madrid, un 'paseo' ante el Ministerio de Cultura--, que recibió el impulso de los internautas a través de blogs y redes sociales como Facebook o Twitter.

REACCIÓN DE LOS 'POPULARES'

Tras la respuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que aseguraba que no se producirían los cierres en la web, se escucharon también críticas desde el PP, que exigía la dimisión de la titular de Cultura.

Además, el vicesecretario de comunicación del partido, González Pons, anunció una reunión con los mismos interlocutores que salieron descontentos de la reunión con González-Sinde, que tendrá lugar el próximo jueves, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a la reunión.

Previamente, este mismo miércoles, el propio Pons junto a la vicesecretaria de organización, Ana Mato, el secretario de comunicación, carlos Floriano y el portavoz de Cultura, José María Lasalle, tendrán una reunión con responsables de medios digitales para hablar sobre la disposición final del proyecto de ley. En un guiño a las nuevas tecnologías, el resultado de la reunión se ofrecerá vía satélite a partir de las 12.30 horas.

MARRUECOS ACONSEJA A HAIDAR SOLICITAR UN PASAPORTE ARGELINO O DE OTRO PAIS



El Gobierno marroquí insistió este miércoles en que "la única responsable" de la situación en la que se encuentra Aminetu Haidar es la propia activista saharaui y Argelia y el Frente Polisario que están tras ella, por lo que le recomendó que dado que no se siente marroquí y tampoco quiere un pasaporte español, solicite uno "argelino o de otro país" que suela dárselo a los miembros del Polisario.

En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro delegado ante el primer ministro para asuntos económicos y generales, Nizar Baraka, subrayó que "Marruecos no puede dar un pasaporte a una persona que no se cree marroquí" como es el caso de Haidar, expulsada desde El Aaiún por las autoridades alauíes el pasado 14 de noviembre a Lanzarote y en huelga de hambre desde dos días después.

"Lamentamos lo que le está ocurriendo en el plano humano pero la responsabilidad es de ella", insistió Baraka, que también es responsable de Relaciones Internacionales del Istiqlal, el partido en el poder, puesto que la activista saharaui "ha rechazado la nacionalidad y el pasaporte marroquí y también ha rechazado todas las propuestas que le ha hecho el Gobierno español".

"Marruecos no es responsable, España no es responsable, la única responsable es ella y la gente que está detrás, el Polisario y Argelia", denunció, recomendando en este sentido a Haidar que, puesto que "defiende la posición" del Frente Polisario, "busque un pasaporte argelino o de otro país que dé pasaportes a la gente del Polisario".

Por otra parte, Baraka aprovechó para aclarar las declaraciones del lunes del ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, quien dio a entender que la cooperación en materia de inmigración con España podría estar en juego por el caso de la activista saharaui.

Según el ministro delegado, lo que Fassi Fihri quiso poner de manifiesto es que Marruecos y España tienen actualmente "unas relaciones muy fuertes" y una "confianza mutua que han permitido resultados claros", sobre todo en materia de inmigración con un descenso del 92% de la inmigración desde el territorio marroquí a España entre 2004 y 2009 y de un 22% en el caso de los menores no acompañados en 2009 con respecto al año anterior, pero también en materia de narcotráfico o terrorismo. Además, resaltó, España es el segundo socio económico y comercial del país norteafricano.

QUE NADA ESTROPEE LA RELACIÓN

Marruecos y España han llegado a un nivel de relaciones en el que "nada tiene que estropearlo", insistió, recordando que tanto el ministro marroquí como el titular de Exteriores español, Miguel Angel Moratinos, han reconocido que se trata de una "relación vital" para ambos países.

Baraka se reunió ayer por la tarde con el coordinador de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, para explicarle la posición del Istiqlal respecto al caso de Aminetu Haidar, si bien no quiso precisar si existe sintonía en este sentido entre las dos formaciones 'hermanas'.

"Los dos partidos defendemos los mismos valores de democracia, respeto a los Derechos Humanos, patriotismo y solidaridad y trabajamos juntos para hacer que el modelo económico, político y social se construya y pueda llegar a resultados en ambos países", agregó. El PP y el Istiqlal forman parte de la Internacional Demócrata de Centro (IDC).

Por último, preguntado sobre eventuales contactos entre el Gobierno español y el marroquí en relación con el secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania por Al Qaeda en el Magreb Islámico no quiso confirmarlo, aunque aprovechó para trasladar la "solidaridad con las familias" de los rehenes.

Además, consideró que el secuestro "demuestra una vez más que tenemos que trabajar juntos con España, pero también con Argelia y Mauritania porque tenemos que impedir que Al Qaeda se instale en la región".