VEINTE FAMILIAS AL BORDE DEL DESAHUCIO

Carina tiene un sueldo mileurista, dos hijos estudiantes de 19 y 20 años y un nieto en camino para el que también habrá que comprar pañales y chupetes con la única fuente de ingresos familiar. Los malabares económicos ya eran difíciles así, pero ahora amenaza un nuevo elemento: una orden de desahucio de su casa de renta protegida, por la que paga 330 euros al mes.

"Si nos echan a la calle no sé qué vamos a hacer. Es que no puedo afrontar el coste de una mudanza ni a la calle de al lado, por no hablar de que alquilar un piso de dos habitaciones cuesta de 700 euros para arriba...", relata una voz tan angustiada como pesimista.

La situación de Carina y los suyos es similar a la de una veintena de vecinos de Torrelodones. Todos resultaron adjudicatarios de viviendas de protección oficial municipales en régimen de alquiler, en principio durante un plazo de cinco años.

El abogado de los afectados, Alfredo Malibrán, explica que cuando se extinguió ese acuerdo en 2007 el Ayuntamiento comunicó a los inquilinos por carta que debían marcharse de las casas. Pero diversos empleados les han manifestado en conversaciones informales la intención de resolver su problema con una opción a compra asequible de los inmuebles.

"Este propósito queda avalado por el hecho de que Sumtosa [la Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones, gestora de los pisos] ha seguido percibiendo durante este tiempo las cantidades de los alquileres y porque no ha sacado nuevas bases para la adjudicación de los contratos", argumenta Juan Ramón Díez, otro de los afectados.

Su caso también es desesperado. Es un pedagogo en paro sin derecho a subsidio de desempleo con un hijo de dos años y otro a punto de llegar a su casa, por la que pagan 330 euros de los 1.060 mensuales que cobra la mujer, profesora en un colegio privado. De momento ya se han celebrado dos juicios. Uno podría anularse por indefensión del acusado, que conoció a su abogado de oficio en la puerta el día de la vista, y otro está a la espera de sentencia. El contenido de la misma permitirá a los que van detrás desprenderse de la preocupación que los atosiga desde hace días o, en el peor de los casos, todo lo contrario.

LOS CONTRATOS, PRORROGADOS

Malibrán confía en que las noticias serán halagüeñas ya que considera que, como los inquilinos han seguido abonando las rentas, se puede considerar que los contratos se han prorrogado tácitamente, bien por un periodo anual o por otros cinco años, que es lo que, dice, está por determinar.

En el Ayuntamiento de Torrelodones justifican los procesos de desalojo porque los contratos vencieron hace más de dos años. "Estas casas tenían una fecha de caducidad para sus inquilinos y además hay otra gente necesitada esperando para ocuparlas", apunta un portavoz municipal.
Entonces, ¿por qué no se ha convocado un concurso para seleccionar a los nuevos adjudicatarios? La respuesta del Ayuntamiento: "Si lo hubiéramos convocado en 2007 ahora tendríamos dos problemas, el de los que no se quieren ir y el de los que no pueden entrar".

Los afectados tienen previsto concentrarse hoy frente a la sede del Gobierno regional, en Sol, para dar a conocer su situación desesperada.